Lo violó durante 25 minutos y le dijo que le iba a transmitir el VIH. Cuatro semanas después, el diagnóstico fue positivo.
Quiero ir cerrando esta serie con uno de los hechos individuales más graves que documenta todo el informe de la Misión de Determinación de Hechos. Lo dejé para el final a propósito, porque después de seis artículos explicando patrones, estructuras y responsabilidades institucionales, es importante que esté claro para todos que detrás de cada patrón hay personas concretas a quienes esto les ocurrió en su cuerpo y que aún hoy tienen secuelas y daños por lo vivido mientras estaban bajo custodia del Estado. Es equivalente a lo que han vivido las presas políticas que fueron torturadas y forzadas a abortar, o aquellas que sufrieron formas de esclavitud y explotación sexual por parte de sus custodios, como se señaló en el reporte de 2025. Todos son daños cuyas consecuencias pueden arrastrarse toda la vida.
Algunos afectados de estos años no sobrevivieron, otros no han podido contar aún lo que les ocurrió, la mayoría aún no recibe la atención necesaria para poner en orden lo que atravesaron, así que pasarán los años y seguirán apareciendo testimonios. Sin embargo, documentar la brutalidad en tiempo real, como hace la Misión de la ONU, permite acelerar algunos cambios y conectar con otras personas que puedan declarar. Por eso tomamos este caso de cierre.
Los hechos tal como los documentó la Misión
Entre agosto y septiembre de 2024, una persona homosexual estuvo detenida en Tocuyito, el centro penitenciario del estado Carabobo. Según el testimonio que esa persona dio directamente a la Misión, un comandante la desnudó y la violó analmente durante aproximadamente 25 minutos. Mientras ocurría la agresión, la víctima era además golpeada y sometida a insultos feminizantes, es decir, insultos que usaban su orientación sexual como forma añadida de humillación. Una funcionaria grababa la agresión, en presencia de otros custodios que no intervinieron. Todos son responsables de lo ocurrido, al igual que su cadena de mando.
Durante la violación, el comandante le dijo a la víctima que le iba a transmitir el VIH. Esta no fue una amenaza vacía dicha al calor del momento ni un comentario pensado solo para generar terror. Esto ocurrió y se concretó. La víctima no tenía el virus al ingresar en detención. Cuatro semanas después, recibió un diagnóstico positivo.
La Misión no específica en este párrafo si hubo un seguimiento médico posterior, una investigación penal, o si la víctima logró acceder a tratamiento antirretroviral estando bajo custodia del mismo Estado que le transmitió el virus. Este silencio, en un informe que normalmente detalla con precisión cada gestión institucional que hicieron las víctimas o sus familias (como vimos con Carmen Navas buscando a su hijo), dice también algo por sí mismo. Estamos ante crímenes de Estado de un nivel de violencia atroz en un entorno que aún representa un riesgo para las víctimas, los defensores y los que trabajan para que no haya olvido ni impunidad. La premisa más importante es mantener a la gente vulnerable protegida y cuidar también a los mecanismos que protegen y sostienen el trabajo por los derechos humanos.
Por qué la Misión lo documenta como violencia sexual y como tortura a la vez
Hay que explicar el encuadre legal porque es lo que permite que un hecho como este pueda perseguirse penalmente algún día. La Misión recuerda, en la introducción a esta sección del informe, que la violencia sexual no requiere necesariamente “penetración” para configurarse como tal. También son actos de violencia sexual la desnudez forzada, los tocamientos o las amenazas de violación, como mostramos en el artículo anterior. Pero cuando sí hay penetración, como en este caso, y además concurre lo que exige la Convención contra la Tortura, un funcionario público, infligiendo intencionalmente sufrimiento grave, con un propósito de castigo, humillación o discriminación, el hecho queda calificado doblemente: es violencia sexual y es tortura al mismo tiempo.
Aquí aparece un elemento que la Misión no menciona de forma aislada en el párrafo 410 del informe, pero que conecta con el marco general sobre motivos discriminatorios: los insultos feminizantes dirigidos a esta víctima por su orientación sexual no fueron un detalle incidental de la agresión. Cuando la tortura se agrava, o se dirige específicamente, por la identidad de la víctima, su orientación sexual, su género, su actividad política, el derecho internacional lo reconoce como un elemento que agrava la responsabilidad de los funcionarios y la cadena de mando, no como un simple insulto más.
Lo que este caso cierra y lo que deja abierto
Podemos hacer un recuento. En el primer artículo mostramos que, según la Misión, las estructuras que hicieron posible más de una década de violaciones de derechos humanos en Venezuela no fueron desmanteladas tras el 3 de enero de 2026, y que personas señaladas por crímenes de lesa humanidad siguen en cargos clave de seguridad e inteligencia. Este último caso, aunque ocurrió en 2024, es la prueba más cruda de por qué eso importa tanto. Cuando las instituciones no cambian, la posibilidad de que hechos como este se repitan o empeoren se preservan con el cambio de gobernante.
La Misión termina su informe con una constatación que resume, mejor que cualquier cosa que se pueda añadir, las historias que compartimos en esta serie: mientras no haya desmantelamiento real de los mecanismos de represión, restablecimiento de garantías judiciales efectivas, e investigación y sanción concreta de quienes cometieron estos hechos, no puede hablarse de una mejora sostenida de los derechos humanos en Venezuela. Lo que vimos con las muertes bajo custodia de Alfredo Díaz y Edison Torres, la desaparición de Víctor Quero Navas y la muerte de su madre tras encontrarlo, la tortura sistemática en Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, la violencia sexual contra la concejala de Zulia y contra este hombre en Tocuyito, no son hechos del pasado que ya se resolvieron. Son, según Naciones Unidas, hechos de un sistema que sigue de pie.
En el siguiente artículo, que será el último de esta serie, veremos la conexión de estos reportes con los sistemas de justicia.
Luis Carlos Díaz
