8 años de impunidad en el caso Fernando Albán
Caracas, 08 de octubre de 2026.– Hoy se cumplen exactamente ocho años de la trágica muerte de Fernando Albán, concejal del municipio Libertador y activista social, ocurrida el 8 de octubre de 2018 en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Plaza Venezuela, Caracas. A ocho años de su pérdida, el caso sigue siendo uno de los símbolos más crueles de la represión estatal y de la absoluta falta de justicia en Venezuela.
Recuento de los hechos
Fernando Albán fue detenido el 5 de octubre de 2018 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, a su regreso de un viaje internacional. Las autoridades lo señalaron de estar presuntamente implicado en un supuesto intento de magnicidio. Tan solo tres días después, el 8 de octubre, el dirigente político apareció muerto bajo custodia del Estado.
En los primeros momentos, la versión oficial difundida por altos voceros del gobierno y del Ministerio Público intentó imponer la tesis de un suicidio, asegurando que Albán se había lanzado al vacío desde el décimo piso de la sede del organismo de inteligencia. Sin embargo, esta narrativa fue categóricamente rechazada por sus familiares, compañeros de partido y defensores de derechos humanos, quienes denunciaron desde el primer instante que se trató de un crimen de Estado cometido en un contexto de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Años más tarde, las contradicciones institucionales quedaron al descubierto: el propio fiscal general de la administración de Nicolás Maduro admitió públicamente que el activista había sido asesinado. No obstante, este reconocimiento verbal no se tradujo en una investigación seria, imparcial ni profunda sobre las responsabilidades de la cadena de mando. El proceso penal interno se redujo a una farsa judicial exprés que condenó de manera simbólica a dos funcionarios subalternos únicamente por el delito de incumplimiento de deberes de custodia, con penas menores que rápidamente los dejaron en libertad, dejando intacta la impunidad para los autores intelectuales y materiales de la tortura y ejecución extrajudicial
#EnVideo📹| Fiscal General, @TarekWiliamSaab: Hay casos como el de la muerte del concejal Fernando Albán, donde se imputó el delito de quebrantamiento de normas de custodia. El MP solicitó la nulidad por observar violaciones de garantías constitucionales #ClaseObreraSocialista https://t.co/i68ni1DLxK
— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) May 1, 2021
Una fachada de impunidad y el paso hacia la justicia internacional
La falta de tutela judicial efectiva en Venezuela ha obligado a las víctimas ya sus seres queridos a buscar justicia más allá de las fronteras nacionales. Organismos internacionales y defensores de los derechos humanos han documentado ampliamente el caso. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU y diversos informes han señalado que la muerte de Albán ocurrió bajo la custodia exclusiva del Estado, lo que configura una responsabilidad directa de las autoridades carcelarias y de inteligencia.
En un paso crucial en la búsqueda de justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de fondo en el que determinó que el Estado venezolano es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de Fernando Albán y su familia. Al constatar la inoperancia del sistema de justicia interno y la negativa a investigar las denuncias de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, el caso fue remitido formalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La voz que no se apaga
A ocho años de su partida, el caso de Fernando Albán continúa encendiendo las alarmas sobre el grave riesgo que corren los presos políticos en los centros de detención del Estado. Su memoria no solo persiste en el dolor de sus seres queridos, sino en la urgencia colectiva de desmontar las estructuras de represión y lograr que la verdad y la justicia plena prevalezcan en Venezuela.
Que ningún expediente se pierda en el olvido y que la memoria siga siendo nuestra herramienta más firme frente a la arbitrariedad.
