Muchas historias para un solo llamado. Que ningún expediente se pierda y que llegue el día en que sirvan en tribunales

Terminamos esta serie de publicaciones con las historias de Alfredo Díaz, Edison Torres, Víctor Quero Navas y su madre Carmen, las víctimas de tortura en Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, la concejala de Zulia y el hombre al que un comandante en Tocuyito le transmitió el VIH. Por eso quiero cerrar explicando algo que da sentido a todo lo anterior: para qué sirve este informe más allá de informarnos, y por qué ninguno de estos casos debería quedar solo en un texto que leímos y compartimos.

Un mandato para sostener

La Misión de Determinación de los Hechos existe porque el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió, en 2019, crear un mecanismo independiente para documentar lo que ocurría en Venezuela cuando ninguna institución interna estaba dispuesta ni en condiciones de hacerlo. Ese mandato se ha ido renovando informe tras informe (este es ya uno de varios, desde 2020), y su continuidad no es automática: depende de que el Consejo vuelva a votar a favor de extenderlo, y de que los Estados miembros sigan considerando que hace falta. Por eso el activismo de las víctimas, los defensores y actores diplomáticos con sus pares de otros países ha sido fundamental para tener los votos necesarios en Ginebra.

Después de leer estas siete historias, la respuesta debería ser obvia. Mientras las estructuras que documentamos en el primer artículo sigan en pie, con los mismos nombres en los mismos cargos de seguridad e inteligencia, el trabajo de la Misión no ha terminado. Al contrario, se vuelve más necesario, porque es de los pocos mecanismos que sigue documentando con rigor lo que pasa y no se investiga ahora mismo, no solo lo que pasó bajo el periodo de Maduro y Flores.

Este informe no está solo

Una de las cosas que más me interesa que entiendan quienes han seguido esta serie es que el trabajo de la Misión no ocurre en el vacío. Se conecta de formas muy concretas con otros mecanismos de justicia que avanzan en paralelo, cada uno desde un ángulo distinto:

La Corte Penal Internacional mantiene abierta, desde 2021, la investigación conocida como «Venezuela I» por presuntos crímenes de lesa humanidad, autorizada formalmente por los jueces de La Haya en 2023. En julio de este año Venezuela notificó su retiro del Estatuto de Roma, pero ese retiro no es inmediato, se hará efectivo el 24 de julio de 2027. Mientras tanto, el país sigue obligado a cooperar con la investigación en curso. Ningún retiro borra los hechos ya investigados ni las eventuales órdenes de captura que la Corte pueda emitir cuando pase de la investigación a un caso concreto. La Misión ha preparado materiales para la CPI y ha sido citada por varias de sus instancias para sustentar la necesidad de que se mantenga la situación Venezuela I, la primera y única en toda América por los momentos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha superado el papel más limitado que tuvo por años, porque Venezuela había denunciado la Convención Americana en 2012, bajo el gobierno de Hugo Chávez, y desde 2013 no se consideraba plenamente parte de su sistema contencioso para hechos nuevos. Sin embargo esa situación fue revertida este año y ya varios casos posteriores a 2013 han tenido audiencias en la Corte Interamericana, con el Estado ausente, pero ha sido un espacio donde las víctimas son escuchadas y los jueces han podido profundizar en la situación del país. Se esperan nuevas sentencias. En paralelo, la Comisión Interamericana sigue documentando y dando seguimiento a la situación venezolana, y la propia historia del sistema interamericano, con casos de otros países que salieron y luego volvieron a aceptar su jurisdicción, recuerda que las puertas no siempre permanecen cerradas.

El caso de jurisdicción universal en Argentina, que mencionamos en el segundo artículo de esta serie, avanza con la misma lógica que ya empieza a verse en otros países de la región: cuando la justicia venezolana no actúa, algunos tribunales extranjeros están dispuestos a asumir esa responsabilidad. Actualmente Argentina debate por un lado su competencia para tener jurisdicción universal y sigue solicitando a España la extradición de un acusado que ha sido señalado por su participación en crímenes cometidos en 2014 en el marco de las protestas en Venezuela. El proceso argentino ha citado desde el primer momento los informes de la Misión para sustentar su avance.

Y hay un ejemplo muy concreto que conviene sumar a esta lista, aunque no aparezca en el informe que estuvimos leyendo estas semanas, porque muestra el mismo principio en acción con otro tipo de crimen. La justicia chilena juzga desde septiembre de 2026 el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, el teniente venezolano en retiro y disidente que fue secuestrado y asesinado en Santiago en febrero de 2024. El primer juicio, contra uno de los implicados en el operativo, comenzó el 10 de septiembre. El juicio principal, con más de veinticinco acusados, arranca el 20 de octubre. La fiscalía chilena ha señalado públicamente a Diosdado Cabello, el mismo nombre que aparece en los reportes de la Misión como ministro de Relaciones Interiores con influencia sobre el SEBIN, como posible responsable intelectual, y ya entregó información al respecto a la Corte Penal Internacional. Es la prueba de que estas piezas, aunque avancen en tribunales distintos y por hechos distintos, terminan por tocarse.

Para cuándo y para quién se guarda todo esto

Hay una recomendación del propio informe que quiero destacar porque resume, mejor que cualquier otra cosa, el sentido último de todo este trabajo. La Misión pide crear un mecanismo independiente para preservar archivos, expedientes y evidencias de violaciones de derechos humanos, garantizando su protección y su uso en futuros procesos de verdad, justicia y reparación dentro de Venezuela. Allí no dice «si algún día hay una transición». Lo da por hecho, como una obligación que empieza ahora, no para cuando ese momento llegue.

Eso significa que cada testimonio, cada expediente médico, cada fotografía que la Misión logró documentar, incluidos los casos que compartimos en esta serie, no es solo material para informar a la opinión pública hoy. Es la evidencia que algún día, ante tribunales venezolanos con independencia real, podría sostener una acusación, una sentencia y una reparación para una familia. La justicia transicional no va a empezar el día que cambie el poder en Venezuela. Empieza con lo que se logra preservar y documentar mientras tanto. Esto lo que significa es que en realidad tenemos mucho trabajo por hacer en este mismo instante.

Un llamado final a dos tipos de personas

Quiero cerrar esta serie con dos llamados concretos, porque leer estas historias no cambia nada por sí solo. El primero es para las víctimas y sus familias. Sé lo que cuesta hablar, lo vimos con claridad en el extracto sobre violencia sexual, y lo vimos en cada testimonio que citamos. Pero cada relato que llega a la Misión, a organizaciones de derechos humanos, o a mecanismos judiciales como los de Argentina o Chile, hace más difícil que estos hechos se sigan negando o minimizando. Ningún testimonio es muy pequeño ni llega demasiado tarde.

El segundo es, quizás, más incómodo, pero el propio informe lo sugiere entre líneas cuando documenta con tanto detalle nombres, cargos y cadenas de mando. Aquí también hace falta que hablen quienes estuvieron dentro del aparato represivo. Hay funcionarios, custodios, médicos obligados a firmar diagnósticos falsos, que son personas que en algún momento ejecutaron una orden o tienen información y documentos de las cadenas de mando y que podrían aportar lo que solo ellas saben. La experiencia de otros procesos de justicia en el mundo demuestra algo consistente: la verdad completa casi nunca llega solo desde las víctimas, llega también desde dentro del sistema. Por eso se necesitan testigos.

Estas historias no son el final de nada. Son, como dice la propia Misión, una fotografía de un sistema que sigue de pie. Lo que se haga con esa fotografía, si se guarda, si se ignora, si algún día llega a un tribunal, depende de decisiones que todavía están por tomarse. Muchas víctimas ya tomaron la decisión de no callar.
Gracias por leer esta serie hasta el final.

Luis Carlos Díaz.