Más de 140 audiencias y la pena máxima: El retardo judicial que consumió la juventud de Oswaldo Castillo
Caracas, 6 de octubre de 2026.- Más de 140 audiencias suspendidas, 22 diferimientos injustificados y la sensación de que el reloj de la justicia camina con una lentitud calculada. Este 6 de octubre se cumple un año más de la detención arbitraria de Oswaldo Gabriel Castillo Lunar, y la cifra de días robados a su juventud coloca sobre el tablero el rostro más severo de la dilación procesal en Venezuela. Para su familia, cada aniversario es el recordatorio de un laberinto judicial diseñado para agotar la resistencia, mientras aguardan con urgencia una medida humanitaria o una revisión de la causa que le devuelva la libertad.
Antes de convertirse en una de las víctimas más emblemáticas de la persecución en el país, Oswaldo era simplemente un estudiante del décimo semestre de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB), en el estado Zulia. Tenía 26 años, estaba a las puertas de defender su tesis de grado y canalizaba sus inquietudes ciudadanas a través del activismo estudiantil pacífico. Sin embargo, la mañana del 6 de octubre de 2018, cuando se dirigía a sus aulas de clase, fue interceptado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). A partir de ese momento, los libros de texto y los planos de ingeniería fueron sustituidos por frías paredes de concreto.
Acusaciones y tortura
El origen del expediente se remonta a los acontecimientos del 4 de agosto de 2018, cuando dos drones cargados de explosivos estallaron en la avenida Bolívar de Caracas durante el acto del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, en el que ofrecía un discurso el entonces presidente Nicolás Maduro. Aunque Oswaldo se encontraba lejos del lugar y dedicado a sus actividades cotidianas, fue incluido en la redada posterior al supuesto magnicidio frustrado. Tras su arresto, permaneció en situación de desaparición forzada durante 12 días, un período de incomunicación absoluta en el que su madre y allegados recorrieron dependencias policiales sin obtener respuesta sobre su paradero.
En los sótanos de El Helicoide, sede del Sebin en la capital, la detención se transformó en un calvario de violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con las denuncias recabadas por defensores e instancias internacionales, el joven fue sometido a brutales golpizas, episodios de asfixia y tratos degradantes destinados a doblegar su voluntad y forzarlo a grabar videos de autoinculpación que luego serían exhibidos públicamente.
Vulneración judicial
El juicio posterior expuso los vicios del sistema judicial. Pese a que dos inspectores del propio Sebin testificaron durante el proceso oral que las inspecciones realizadas en el vehículo de Oswaldo no arrojaron evidencias criminalísticas ni vínculo alguno con el atentado, y a que el entonces ministro de Comunicación y actual jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, había reconocido al presentar el caso que Castillo no había participado en los hechos, el tribunal hizo caso omiso. En agosto de 2022, un Tribunal Especial contra el Terrorismo le impuso la pena máxima de 30 años de prisión por delitos que incluyen traición a la patria y homicidio intencional calificado en grado de frustración. El 2 de abril de 2024, la jueza de la Corte de Apelaciones Katherine Harrington ratificó de forma definitiva la condena de tres décadas.
Tras pasar cinco años y medio confinado en El Helicoide, en abril de 2024 el exestudiante fue trasladado al Internado Judicial El Rodeo I, en el estado Miranda. En este penal de máxima seguridad, organismos de derechos humanos han alertado sobre severas restricciones a las visitas familiares, condiciones extremas de aislamiento e interrupciones en la asistencia médica adecuada, agravando el desgaste físico y emocional del joven zuliano.
Deterioro físico y secuelas en El Rodeo I
El desgaste acumulado en prisión se refleja de manera crítica en su estado de salud actual. De acuerdo con la información recabada por sus familiares tras la visita realizada este fin de semana de octubre, Oswaldo presenta serias dificultades gástricas: casi no puede ingerir alimentos porque prácticamente todo le cae mal, una condición agravada desde el severo castigo impuesto en diciembre de 2024 —cuando pasó días consumiendo únicamente tres cucharadas de arroz con lenteja y porciones mínimas de agua—. Como consecuencia de aquel episodio, quedó sufriendo de un cuadro crónico de estreñimiento que le provoca evacuar ocasionalmente con presencia de sangre. A esto se suma una lesión en la pierna y la imposibilidad de retomar la práctica deportiva, pues desde hace tiempo no puede jugar fútbol ni básquet, actividades que solían ser su única vía de escape durante los escasos 45 minutos diarios de exposición al sol permitidos en el penal.
Al cumplirse este nuevo aniversario de su aprehensión, el caso de Oswaldo Castillo trasciende la petición de familiares es que se le otorgue una medida humanitaria o de gracia, pues esta no solo atendería al manifiesto estado de indefensión en el que ha permanecido, sino que devolvería la dignidad a un joven cuyo único crimen fue soñar con un futuro profesional desde las aulas de su universidad.
