Atrapados en un laberinto de tiempo: La condena infinita de Luis Bandres y los sargentos de Cotiza
Caracas; 13 de octubre de 2026.- El calendario dentro de una prisión militar no avanza; simplemente pesa. Para el sargento mayor de tercera Luis Alexander Bandres Figueroa y otros 23 sargentos de la Guardia Nacional, el tiempo se ha convertido en un instrumento de castigo que desafía cualquier lógica jurídica. Han transcurrido más de siete años desde aquel 21 de enero de 2019, cuando este grupo de militares tomó el comando de San José de Cotiza, en Caracas, en un acto de insubordinación que marcó los convulsos días de aquel mes.
Hoy, tras haber sobrevivido a la brutalidad del encierro y haber cumplido en la práctica la totalidad de la pena que inicialmente se les impuso, continúan tras las rejas. Su encierro ya no responde a una condena formal, sino a un limbo procesal que los mantiene secuestrados en su propia causa.
El laberinto jurídico que atraviesan los sargentos de Cotiza es, a todas luces, kafkiano. Tras su rendición y captura en Cotiza, los efectivos fueron trasladados de inmediato a los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, donde la detención se transformó rápidamente en una pesadilla sistemática de tratos crueles. Arrastrados posteriormente ante una justicia militar que operó como un fuero diseñado no para impartir justicia imparcial sino para aplicar un escarmiento implacable a la tropa profesional, enfrentaron graves acusaciones —traición a la patria, motín, rebelión y sustracción de armas de guerra— y a mediados de 2022 fueron declarados culpables, recibiendo una condena de poco más de siete años.
El «ping-pong» judicial y la trampa de empezar desde cero
Pero el expediente de los sargentos nunca fue una línea recta. Se convirtió en una maraña burocrática sostenida por un inusual «ping-pong» judicial dentro del propio Tribunal Supremo de Justicia. En un nivel de contradicción institucional alarmante, la Sala Constitucional tuvo que enmendarle la plana a la Sala de Casación Penal, anulando decisiones que descartaban las apelaciones de la defensa, evidenciando graves vicios procesales y vulneraciones al derecho a la defensa. El tiempo transcurrió, y a mediados de abril de 2024, la sentencia militar fue completamente anulada.
Lejos de significar la libertad, esta anulación se tradujo en un reinicio desde cero. La causa fue extraída de la jurisdicción militar y trasladada a los Tribunales de Control con competencia en Terrorismo. En este abismo, quedó en evidencia una doble vara insoportable: para someter y desarticular la insubordinación de la tropa, el sistema actuó con velocidad y severidad; pero para revisar las violaciones a sus derechos humanos, operó con una parsimonia cruel. Los sargentos pasaron dos años enteros esperando tan solo por una nueva audiencia preliminar.
Esa ansiada audiencia concluyó recientemente, el 26 de abril de 2026. El resultado desnudó la fragilidad de las acusaciones originales: el tribunal dictó un sobreseimiento parcial, retirando los delitos de motín, rebelión y sustracción de armas de guerra. El nuevo juicio oral se mantendrá abierto únicamente bajo el cargo de traición a la patria. Sin embargo, a pesar de que el andamiaje acusatorio se derrumbó casi por completo y de que ya purgaron el tiempo de la condena original, las puertas del Centro de Procesados Militares de Ramo Verde siguen cerradas para ellos.
El rostro del ensañamiento: Torturas y el dolor de las familias
El costo humano de esta anomalía judicial es devastador. Las severas secuelas físicas y psicológicas que arrastran desde los primeros días de detención no son rumores ni simples testimonios: están rigurosamente documentadas en las investigaciones de la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela. Tras su arresto en 2019, Bandres y sus compañeros fueron sometidos a un patrón brutal de torturas destinadas a quebrantar su dignidad: golpizas salvajes con objetos contundentes, descargas eléctricas en zonas sensibles del cuerpo, asfixia inducida mediante bolsas plásticas, posturas forzadas de colgado por períodos prolongados, privación del sueño y prolongados aislamientos en celdas subterráneas heladas y sin ventilación, sumados a permanentes amenazas contra la integridad de sus familias.
Estos métodos dejaron lesiones permanentes —incluyendo pérdida de la capacidad auditiva por contusiones en la cabeza y traumatismos no atendidos médicamente— que la defensa legal de Bandres intentó procesar en vano invocando la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura. Sin embargo, los tribunales militares y las cortes de apelaciones negaron de forma reiterada el derecho a una respuesta motivada, obviando por completo las garantías del Código Orgánico Procesal Penal.
A ese oscuro capitulo inicial en la DGCIM se suma el deterioro progresivo que enfrentan hoy en Ramo Verde. Sandra Hernández, esposa de Luis Bandres, ha alzado la voz valientemente para denunciar estas condiciones inhumanas. «Lo más grave que he presenciado es el desgaste físico por la falta de alimentación», relató, describiendo cómo reciben comida indigna, carecen de acceso regular al agua potable y enfrentan represalias desproporcionadas por su condición de militares insubordinados. Este patrón de abusos ya había llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otorgar medidas cautelares a favor de Bandres en febrero de 2019. Hoy, el expediente completo de los 24 sargentos de Cotiza permanece como un emblema de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el país.
Más allá de los muros: La exigencia de un juicio en libertad
Mantener privados de libertad a hombres que ya cumplieron la cronología de su pena original, bajo la excusa de un juicio que fue anulado para reiniciarse, es una aberración que desvirtúa la esencia misma del derecho. ¿Qué representa para un ser humano cumplir su condena completa solo para que el Estado le borre la sentencia y lo obligue a empezar de nuevo tras los barrotes? Representa la instrumentalización de la justicia como un mecanismo de castigo infinito.
Por estricto apego a la ley y a la justicia básica, la prisión preventiva no puede ser perpetua ni puede utilizarse como una condena anticipada en un proceso que el propio sistema decidió enredar y reiniciar. Lo que jurídicamente corresponde, tras siete años de encierro y el desistimiento de la mayoría de los cargos, es que a Luis Alexander Bandres y a los sargentos de Cotiza se les otorgue, de manera inmediata, una medida cautelar.
Enfrentar este segundo juicio en libertad condicionada no es un favor ni una concesión política; es un derecho consagrado frente a los estándares internacionales y una exigencia ineludible de justicia procesal. Mientras no se les permita defenderse en libertad, su permanencia en Ramo Verde seguirá siendo el reflejo de un sistema que castiga, no por la fuerza de la ley, sino por el peso de la arbitrariedad.
