En Venezuela el activismo electoral se ha criminalizado

Caracas, 28 de junio de 2024.- Casi 40 personas, entre líderes sindicales, militantes de partidos políticos, defensores de derechos humanos, trabajadores de la prensa y miembros de la sociedad civil, han sido sometidas a detenciones arbitrarias, persecución y hostigamiento por parte de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano en los últimos meses en el contexto de la campaña electoral y en vísperas de los comicios presidenciales fijados para el 28 de julio de 2024. En algunos casos la situación ha incluido la desaparición forzada de corta duración, la incomunicación de las víctimas con sus familiares, la imposibilidad de acceso a abogados de confianza y la denuncia de tratos crueles inhumanos y degradantes.

Estas violaciones a los derechos humanos siguen su curso y aumentan el clima de tensión de cara a las elecciones presidenciales, sobre todo cuando en un lapso de apenas 72 horas cinco ciudadanos fueron detenidos sin la debida orden judicial. La preocupación en torno a los atropellos y arbitrariedades registradas llevó a que el pasado 25 de junio, 26 organizaciones y 135 representantes de la sociedad civil suscribieran un comunicado elaborado por la ONG Provea ante “la ausencia de garantías que ofrece el sistema de justicia venezolano, establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 26, 44 y 49, respectivamente, así como en instrumentos internacionales suscritos y que son parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico”.

Como organización dedicada a la atención de víctimas de persecución en el contexto del ejercicio de sus libertades civiles y políticas, JEPVzla ha rechazado y condenado desde sus redes sociales la escalada que han tomado estas acciones por parte de las autoridades venezolanas y acompaña en la medida de sus posibilidades a los familiares de estos ciudadanos que pasan a engrosar las filas de los presos de conciencia. El exhorto es más que pertinente en un momento en el que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha instalado una oficina técnica en terreno con el propósito de ofrecer asistencia al Estado en cuanto al funcionamiento de su sistema de justicia en el marco del Memorando de Entendimiento firmado en noviembre de 2021 y de acuerdo con el principio de complementariedad que establece el Estatuto de Roma para casos de investigación crímenes de lesa humanidad.

En un sistema que funcione bajo los lineamientos democráticos, ejercer el activismo político no es delito. Es por ello, que nuestra organización levanta una voz de alarma nuevamente para que los organismos internacionales de alto nivel se pronuncien ante la situación. Exigimos a las autoridades del sistema de justicia que respete los derechos humanos de los detenidos y que se atiendan las garantías al debido proceso. No más presos políticos en Venezuela.

Comparte esta noticia en