Urgen los exhortos por la liberación plena de los adolescentes detenidos en el contexto poselectoral del 28J

Caracas, 19 de septiembre de 2024.- JEPVZla considera fundamental mantener las denuncias y los exhortos por la liberación plena e inmediata de todos los adolescentes detenidos en días posteriores a los comicios presidenciales del pasado 28 de julio. Aunque organizaciones de la sociedad civil registraron la excarcelación de más de 80 jóvenes, a finales de agosto, ninguno ha sido exonerado de medidas cautelares y al presente se contabilizan al menos 40 menores de edad que aún permanecen encarcelados y sin respuesta sobre sus procesos judiciales.

Tras la ola masiva de detenciones arbitrarias y arrestos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, cuatro organismos internacionales de alto nivel en materia de derechos humanos se han pronunciado ante la gravedad de una situación que se considera inédita para el país y en la que la vulneración de todas las protecciones establecidas para niños, niñas y adolescentes identifica un nuevo patrón de represión nunca antes presenciado en la región. 

En el resumen del nuevo informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, presentado el 17 de septiembre, el equipo de investigadores afirma haber obtenido “información sobre la detención de 158 niños y niñas (130 niños y 28 niñas)”, cifra que supera los registros de organizaciones de la sociedad civil, las cuales de acuerdo a sus recursos y capacidades llegaron a contabilizar 129. En todo caso, se trata de un escenario que ha levantado multiplicidad de alarmas en la comunidad internacional por el particular grado de indefensión de las víctimas, incluidos jóvenes con algún tipo de discapacidad.

Son más de un centenar de menores de edad, junto a sus familias y entorno de allegados, que hoy dan cuenta de cómo toda la proyección de sus vidas ha sido trastocada de formas absolutamente violentas y traumatizantes. En el caso de quienes aún se encuentran detenidos, los jóvenes se enfrentan a la cruda realidad de haber sido separados de sus familias, en algunos casos aislados, incomunicados, sin siquiera la posibilidad de una visita por parte de sus padres. Mucho menos podrán incorporarse a su nuevo período escolar ni a cualquier actividad complementaria relacionada con su formación o atención especial.

En relación con toda la población afectada, estos niños, niñas y adolescentes fueron sometidos a la interrupción de su inocencia y de su adolescencia. El patrón de persecución, acoso, señalamiento y encarcelamiento aplicado y ampliamente denunciado refleja todo tipo de tratos crueles, inhumanos, humillaciones y métodos de tortura que han dejado en ellos daños psicológicos y emocionales irreversibles. Las madres que se han armado de valor para dar testimonio sobre lo padecido y sufrido por sus hijos incluyen en sus denuncias el deterioro físico de sus hijos, desarrollo de enfermedades y malnutrición por condiciones de hacinamiento e insalubridad, negación de medicinas y servicios de salud adecuados, golpes lesiones y agresiones por parte de sus custodios.

Al grito de auxilio por todos estos atropellos se suma la angustia y la zozobra en las familias de estos jóvenes al ser procesados con procedimientos que implican varios tipos de irregularidades, que los señala de cargos precalificados en la escala de los delitos más graves previstos en la legislación penal venezolana y, en consecuencia, los criminaliza con condenas desproporcionadas por terrorismo e incitación al odio.

Cabe destacar que desde las denuncias registradas y documentadas por las ONG locales e internacionales a partir de 2014 sobre casos de presos políticos en el contexto de las manifestaciones pacíficas es la primera vez que el gobierno admite detener a integrantes de la sociedad civil por razones ideológicas, con un total de 2.229 detenciones a partir del 29 de julio. Todas estas personas fueron calificadas por igual como “terroristas”, incluidos más de 100 menores de edad.

Es por ello que Justicia, Encuentro y Perdón seguirá instando a que en los casos de los niños, niñas y adolescentes que permanecen en centros de detención se inicien las investigaciones ajustadas el debido proceso y a las garantías establecidas en la LOPNNA, pues actualmente estas nuevas víctimas están a merced de un sistema judicial cuyos lapsos pueden dilatarse indefinidamente, tal como se ha visto en otros juicios a presos políticos. Nuestros exhortos siguen siendo los mismos: que sean liberados de forma inmediata.

19 de septiembre de 2024