Sala 2017-2018

En 2017, entre los meses de abril y agosto, miles de venezolanos nuevamente se lanzaron a las calles a protestar por las pésimas condiciones de vida que enfrentaban producto de las políticas erráticas implementadas por el régimen inconstitucional de Nicolás Maduro, hecho que se sumó a la frustración colectiva tras la arbitraria decisión de cerrar las puertas a la opción constitucional del referéndum revocatorio.

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Tal como sucedió en 2014, las manifestaciones ciudadanas fueron tachadas por las fuerzas represoras del Estado como una “amenaza a la estabilidad y a la paz”, lo cual hizo que este nuevo ciclo de protestas pacíficas arrojara un amplio saldo de personas fallecidas, heridos y presos políticos que pasaron a engrosar la larga lista de víctimas de la represión, enrostrando a nuestra realidad política y social un carácter crónico y permanente.

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Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) contabilizó el asesinato de 160 personas (la mayoría menores de 30 años) durante los cuatro meses que duraron las incursiones policiales contra manifestantes pacíficos,  acompañadas de bandas armadas que se podrían calificar de paramilitares. A este cuadro dramático se suman más de 3000 detenciones arbitrarias, sin respeto al debido proceso judicial.

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Respecto al año 2018,

se registró un aumento de protestas del 30% en comparación a 2017, cuando la cifra se situó en 9787 manifestaciones de calle. Como hecho novedoso, el 89% de las protestas ocurrieron por la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, desplazando así las protestas por exigibilidad de derechos políticos.                                                                              

Los estados en los que más se realizaron acciones de protesta fueron Distrito Capital, Bolívar, Lara, Táchira y Mérida.                                          

14 personas fallecieron en el marco de las protestas, principalmente por el uso de armas de fuego y durante saqueos o intentos de saqueo.

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