Víctimas de la persecución

La existencia de prácticas reiteradas y sistemáticas de  persecución a la disidencia política por parte del régimen venezolano, violenta los derechos civiles y políticos consagrados en la Constitución Nacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) al igual que principios y estándares internacionales referentes al debido proceso, las libertades fundamentales de manifestación y opinión, la no discriminación y el derecho a la igualdad, la participación política y el respeto a la integridad física del individuo, entre otros.
Estos planes autoritarios que comenzaron a instrumentarse en nuestro país a partir de 1999, se profundizaron en 2014 al calor de las multitudinarias manifestaciones pacíficas y el surgimiento de nuevos líderes políticos disidentes que pusieron en jaque a la clase política gobernante, estableciéndose a partir de ese momento un patrón de represión política evidenciado en la apertura de procedimientos judiciales, persecución a través de medios de comunicación, destitución de cargos públicos a políticos disidentes, allanamientos irregulares a la propiedad privada, allanamiento a la inmunidad parlamentaria, inhabilitación política, usurpación de las funciones públicas, represión policial, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y aquiescencias de actos violentos en contra de la disidencia, entre otros actos violatorios a los derechos humanos.
Más reciente, los venezolanos y la comunidad internacional han sido testigos de la continuación y profundización de las políticas para aniquilar toda forma de disidencia a los ideales del régimen, tras la agudización de la Emergencia Humanitaria Compleja.          
Datos propios de la organización señalan que de 331 muertes que se contabilizan desde 2014 -como consecuencia del patrón de represión descrito-, 241 casos se mantienen en fase de investigación, lo que demuestra que la regresión de derechos que sufren las víctimas, no sólo se constituye en el asesinato o detención arbitraria, como hecho en sí, sino también en la posteridad del hecho que está cubierto por la impunidad cuya promoción proviene de las instituciones del sistema de justicia en el país.                                                                                       
En cuanto a los presos políticos, de 333 detenidos a la presente fecha, al menos el 36% reporta haber sido víctima de torturas físicas y psicológicas y el 39% de tratos crueles, inhumanos o degradantes, e incluso violencia sexual, ya sea para obtener confesiones o como castigo.
Al acoso  político, hostigamiento mediático y el consentimiento de los actos violentos en contra de sus “enemigos políticos”, la clase represora gobernante sumó en los últimos años una nueva práctica autoritaria: la politización de la labor de los defensores y ONG de derechos humanos, comunicadores y delegaciones internacionales, concluyendo que el Estado venezolano no ha cesado en la ejecución  sistemática de los patrones de persecución antes señalados.

Con base a estas breves consideraciones, esta sala pretende visibilizar y aportar a la documentación de violaciones de derechos humanos, especialmente civiles y políticos, elementos que sumen a la memoria colectiva, búsqueda de justicia expedita e intercambio de ideas que enriquezcan las discusiones en torno al tema y, por supuesto, que sea incidencia en el derecho a la justicia de las víctimas.