Justicia, Encuentro y Perdón identificó a 48 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones registradas en Caracas y otras ciudades del país entre los días 22 y 25 de enero de 2019. La totalidad de estas muertes se produjeron por impacto de bala y la mayoría en contextos en los que agentes de la fuerza pública y agrupaciones paramilitares actuaban en labores de represión de protestas. Cinco de los casos registrados, fueron atribuibles a la actuación de civiles armados.
Foto cortesía Saul Zerpa
Distrito Capital acumuló el mayor registro de personas asesinadas, con un total de diez. Le siguió Bolívar con ocho muertes, Portuguesa con cuatro casos, Amazonas y Barinas con tres fallecidos, Táchira y Monagas con dos muertes registradas cada uno; y Mérida, Yaracuy y Sucre con un deceso cada uno.
Foto cortesía Saul Zerpa
En 2019, la dinámica del conflicto giró en torno el descontento generalizado de amplios sectores de la población que servían de base social de apoyo al proyecto político de turno, y la escalada represiva mediante el empleo excesivo de la fuerza a través de organismos como las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Comando Nacional Antisecuestros (CONAS), adscrito a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuya intervención en las protestas mereció el repudio de voceros y organismos defensores de los derechos humanos, dada la ausencia de competencias, equipamiento y entrenamiento para gestionar manifestaciones, con apego a los principios de uso progresivo y diferenciado de la fuerza.
Foto cortesía Saul Zerpa
En 2020
Tras la agudización de la Emergencia Humanitaria Compleja que venía arrastrando el país, el 94% de las protestas fue por exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, desplazando el número de protestas vinculadas con derechos civiles y políticos.
Foto cortesía Saul Zerpa
Nuestro equipo registró más de 300 detenidos y 5 fallecidos en el marco de las protestas para exigir la restitución de los servicios básicos y una mejor calidad de vida, ante la falta de gasolina, gas doméstico, agua, energía eléctrica entre otros servicios.
La inacción y la indolencia de las autoridades mantuvieron a la deriva a los ciudadanos que día a día se enfrentaron a esta realidad y debieron salir a las calles a exigir sus derechos.
